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lunes, 30 de mayo de 2011
jueves, 26 de mayo de 2011
26 y 27/05 | Buenos Aires: Jornadas De Las Lenguas y La Interculturalidad
Por el respeto al derecho de los pueblos y el ejercicio de la diversidad cultural
26 y 27 de mayo de 2011 – Chile 654 (CTERA)Nuestra preocupación en apoyar la Educación Intercultural Bilingüe como una manera de acompañar el desarrollo de las comunidades de los Pueblos Originarios, se viene llevando a cabo desde el año 2004, con el I Congreso de Las Lenguas primero, pasando por otras instancias similares, hasta las Jornadas de las Lenguas y la Interculturalidad, llevadas a cabo en abril de 2009.
En todo este tiempo transcurrido se produjeron avances desde el punto de vista del reconocimiento, aunque en lo concreto falta mucho aún. Falta, para que los niños indígenas de los diferentes pueblos que viven en Argentina puedan recibir de parte de un maestro de su propio pueblo y en su misma lengua, los conocimientos necesarios que corresponden a la revalorización de su propia cultura.
En esta oportunidad además, y teniendo en cuenta la realidad que se vive en la Ciudad de Buenos Aires y otras zonas urbanas, queremos hacer hincapié en la necesidad del respeto a la diversidad cultural, ya que la presencia indígena en muchos casos es grande y son ellos quienes vuelcan en la sociedad no indígena sus distintos rasgos culturales.
Además de esto, otro de los temas que nos preocupan, es el derecho indígena, a través del cual podemos encontrar instrumentos jurídicos que acompañen la lucha indígena y cuya aplicación depende bastante del conocimiento y difusión del mismo.
Y un tema que por su importancia ocupa cada vez más espacio en la preocupación de quienes trabajamos en estas cuestiones, es el de la salud. El tratamiento irrespetuoso que se les da a los indígenas, tanto en una ciudad, como en su propia comunidad, por un lado, y por otro, la falta de comprensión de las diferentes realidades y formas de tratar las enfermedades.
Entonces, en esta nueva versión de las Jornadas, invitamos a reflexionar sobre estos temas, y para ello convocamos a diversos exponentes, cuya presencia, sin lugar a dudas constituye un importante aporte para la comprensión y el diálogo.
Jueves 26
10 hs. PANEL 1
Educación Intercultural Bilingüe (situación actual por regiones)
• Luis Pincén (mapuche tehuelche) Provincia de Buenos Aires
• Representante del Chaco
• Gustavo Chimi (qom de Formosa) – Asociación de Educadores Originarios
• Petrona Picinan (Mapuche) Centro de Educación Mapuce “Norgvabamtuleayiñ” – Neuquén
• Representante mbyá-guaraní de Misiones
12 hs. Conferencia: La interculturalidad aplicada al derecho
Dr. Juan Manuel Salgado (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas – Prov. Neuquén)
14 hs. Almuerzo
15 hs. PANEL 2
Elementos culturales propios de los P.O. en la Ciudad de Buenos Aires
• Petrona Zarapura (tejedora)
• Emilio Moreno (artista plástico)
• Sara Mamani (música)
• Tulio Cañumil (profesor de Mapuzugun)
17,30 hs. PANEL 3
Salud Interculturalidad
• Mabel Peloc. (Pueblo Ocloya) Salud Indígena Jujuy. “Conocimientos tradicionales y Sistema de Salud”
• Fabián Gancedo. Equipo de Salud Rural Aluminé, Neuquen. “Modelo de salud para territorios indígenas. La experiencia de Aluminé-Ruka Choroy”
• Andrés Cuyul. Pueblo Mapuche. Facultad de Medicina UBA. “Elementos conceptuales para la Interculturalidad en salud”
Viernes 27
10 hs. Conclusiones y cierre de jornadas
12 hs. Entrega de Certificados
Organiza:
Equipo Pueblos Originarios
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA – SERPAJ
Piedras 730
Tel. 4361-5745 (lunes,miércoles y viernes; 13 a 18 hs.)
pueblosoriginarios@serpaj.org.
martes, 17 de mayo de 2011
Reconocimiento a la propiedad ancestral
El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.
Por Darío Aranda
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”,
explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.
“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
Aunque históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios actual.
Nota de Página12.
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